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Protección de la Infancia
Debemos legislar una política transversal de cuidado y
fortalecimiento de la infancia, que considere la actualización
de las leyes de protección de la infancia y de sus derechos,
y que asigne más recursos para apoyar a los organismos del
Estado y a otras organizaciones sociales y no gubernamentales
que trabajan a favor de los niños, incluyendo la creación de la
Defensoría del Niño.
Prevenir la violencia y los abusos contra niños y niñas
El último estudio de Unicef (2012) indicó que en Chile
un 71% de los niños experimenta alguna clase de violencia,
sea esta psicológica, física y/o sexual. Los castigos corporales
todavía no han sido completamente erradicados de nuestra
sociedad y en años recientes hemos debido enfrentar, en los
más diversos entornos, la realidad del abuso sexual en contra
de niños, niñas y adolescentes. Vamos por fortalecer los programas
de prevención y protocolos de respuesta a abusos infantiles en
jardines y colegios, y por profundizar las iniciativas de fiscalización
de todos los jardines infantiles del territorio nacional.
Se debe capacitar de manera masiva al personal de salud,
educación y justicia en prevención e intervención frente al abuso
infantil, y por incluir esta temática en la formación de pregrado
de futuros profesionales que se desempeñarán en esas mismas
áreas. Debemos masificar programas de formación en desarrollo
de la sexualidad humana, afectividad y relaciones interpersonales
incluyendo las dimensiones de diversidad sexual, y promoción
de buenos tratos y prevención de la violencia entre géneros
en todo el ciclo escolar, porque se trata de una forma probada
de promover el bienestar, cuidado y el autocuidado de los niños,
y de prevenir malos tratos y abusos infantiles.
Legislaré pora apoyarpara las víctimas de abuso sexual infantil
En 2012 se presentaron una serie de medidas para
combatir el abuso sexual infantil. Debemos asegurarnos de
que esas medidas se cumplan en su totalidad y lo antes posible,
de modo que sean un avance efectivo en la prevención de
estas situaciones. Pero también nos vamos a ocupar de las víctimas.
Y para ello necesitamos aumentar recursos para atenderlas.
Vamos a proveer atención terapéutica garantizada a través del
Auge para niños y adolescentes víctimas y para adultos sobrevivientes
de abuso sexual infantil. Además, vamos a procurar los recursos
humanos y financieros para que las instituciones del Estado, y
otras organizaciones que proveen atención y terapia de reparación,
puedan reducir sus listas de espera y brindar ayuda
efectiva a los niños abusados y a sus familias.
Debemos prevenir y cuidar del embarazo infantil y juvenil
Según la Encuesta Nacional de la Juventud al año 2010
un 57,2% de los jóvenes sexualmente activos declaraba
haber vivido un embarazo no planificado entre los 15 y
19 años de edad. Dos de cada diez jóvenes declaran haber
tenido relaciones sexuales antes de los 15 años de edad,
y ocho de cada diez, antes de los 19.
Desde una mirada que integra a niños y niñas, muchachos
y muchachas, no podemos dejar de reconocer que existen
problemáticas diferenciales para los géneros. El embarazo
adolescente, aunque representa un evento que irrumpe y
complejiza la vida de cualquier joven (sea mujer u hombre),
es inevitablemente un desafío mayor para las muchachas:
produce un impacto negativo en la educación secundaria,
reduce la posibilidad de cursar estudios superiores,
o acceder al trabajo, y disminuye la disponibilidad de
recursos y apoyos (en la pareja o familia extensa, y
en la comunidad) para acompañar la crianza y educación
de sus hijos/as, al tiempo en que deben contenerse a sí mismas.
Políticas atención ginecológica/salud reproductiva.
Debemos tener acceso universal a la consulta ginecológica
de las adolescentes, métodos efectivos de prevención del
embarazo no planificado y no deseado, y apoyo formativo y
de orientación. Estas acciones pueden realizarse en los
consultorios. Sin embargo, y tomando en cuenta el sentimiento
de pudor, vergüenza o cuidado de su de privacidad que puedan
tener las/los jóvenes en relación a sus padres o vecinos de la
comunidad, puede suceder que muchos eviten visitar el consultorio,
restándose de beneficios que ya existen. Proponemos la creación
de unidades permanentes de orientación sexual y reproductiva
dentro del colegio -incluyendo el acceso a una matrona- vinculada
a las Enfermerías. Las adolescentes pasan el mayor tiempo en
su escuela, y es un espacio cercano y “propio” donde recurrir
para obtener información y orientación.
Orientación permanente a nivel de escuela.
La información debe ser parte estructural y no esporádica
(como parte, por ejemplo, de los cursos de biología).
La información debe incluir
el desarrollo de la sexualidad humana, la afectividad y
las relaciones interpersonales, igualdad de género,
diversidad sexual, buenos tratos y autocuidado: todo lo
que debe contemplar un programa de educación sexual
nacional obligatorio, desde temprana edad, comenzando
en la educación prescolar.
Recursos formativos y charlas de apoyo a padres.
Debemos fortalecer el involucramiento, cuidado y rol
orientador en materia de sexualidad, de los padres con
sus hijos. Y es importante que no solo la familia, sino la
comunidad y la sociedad como un todo, acompañe a los
adolescentes y ayude a fomentar un cambio de actitud
hacia ellos: no ver la adolescencia como una etapa que
es solo fuente potencial de conflictos, problemas y riesgos,
sino como una etapa central de elecciones para la vida,
donde no podemos restarnos ni aislar a los jóvenes, sino
estar disponibles para ellos.
Apoyo al embarazo.
Debemos permitir el acceso a controles sanos del embarazo
y guía y acompañamiento emocional durante el proceso en
consultorios, hospitales y clínicas, pensando en la preparación
para el parto, la lactancia, cuidado del recién nacido,
estimulación precoz y buenos tratos. Asimismo, acceso
a horas de psicólogo, para contención y apoyo a mamás
y papás adolescentes, y para apoyarlos en el desarrollo
de habilidades para el cuidado y vínculo de apego con
sus niños. El apoyo cobra una dimensión más urgente
todavía, en caso de adolescentes expuestas a violencia
intrafamiliar o de la pareja, para ello se debe establecer
una estrecha coordinación entre el Ministerio de Salud
y el Sernam especialmente para asegurar condiciones
de vivienda y cuidado de las futuras madres.